Diputados dan paso importante hacia la transparencia y la lucha anticorrupción en Panamá

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá dio un paso importante hacia la transparencia y la lucha anticorrupción en el país, ao prohijar dos anteproyectos de ley que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y proteger a las personas que denuncian faltas administrativas.

Índice
  1. Reforma a la Ley de Transparencia
    1. Obligación de publicar contratos y sanciones a contratistas incumplidos
  2. Protección a denunciantes de faltas administrativas y corrupción
    1. Medidas de protección para denunciantes y testigos
  3. Preguntas Frecuentes
    1. ¿Qué es el Habeas Data?
    2. ¿Qué es un denunciante de faltas administrativas?
  4. Conclusión

Reforma a la Ley de Transparencia

El diputado Betserai Richards, de la bancada independiente Vamos, presentó el anteproyecto 78, que modifica la Ley 6 de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública y establece la acción de habeas data. Entre los cambios propuestos, se incluye la obligación de las empresas públicas, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Ministerio Público, entidades descentralizadas, autónomas y semi autónomas de publicar información sobre el uso de cada dólar asignado.

Además, se establece que todo auxilio económico, subsidio o recursos públicos sean publicados, lo que buscara evitar casos como el del Ifarhu, donde la falta de transparencia llevó a que los medios de comunicación tuvieran que solicitar la publicación de los beneficiarios.

Obligación de publicar contratos y sanciones a contratistas incumplidos

El proyecto de ley también establece que los contratistas que hayan incumplido con los contratos con el Estado sean publicados en una página web tipo APC de las instituciones del Estado, para que estas instituciones sean conscientes de que se trata de una empresa que incumple con el Estado.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de que los contratos de consultorías, servicios profesionales y planillas por servicios profesionales sean publicados en la página web de cada institución, y que esta sea de acceso público.

Protección a denunciantes de faltas administrativas y corrupción

Por su parte, el proyecto de ley 139, presentado por el diputado Jorge Bloise, busca establecer la protección integral de las personas naturales que presentan denuncias y son testigos en faltas administrativas y en materia de corrupción.

Según el proyecto, el denunciante, testigo o cualquier persona que aporte información relevante sobre posibles faltas administrativas o irregularidad de naturaleza patrimonial que afecte fondos o bienes públicos que pudieran estar relacionadas con hechos de corrupción y que se encuentre en situación de riesgo producto de ello, tiene derecho a que se apliquen a su favor medidas de protección por parte de las autoridades competentes, desde el momento de su comparecencia.

Medidas de protección para denunciantes y testigos

Las medidas de protección podrán ser solicitadas por los sujetos de protección vía electrónica a través del canal de denuncias, de manera verbal, escrita o por cualquier otro medio que se haga de conocimiento de la autoridad competente, siempre que estos permitan actuar con celeridad.

Pueden ser igualmente solicitadas para sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que se demuestre que en alguno de estos concurre similares riesgos.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el Habeas Data?

El Habeas Data es una acción que permite a los ciudadanos acceder a información sobre su propia información personal que se encuentra en manos de instituciones públicas o privadas.

¿Qué es un denunciante de faltas administrativas?

Un denunciante de faltas administrativas es una persona que presenta una denuncia por irregularidades o faltas administrativas en la gestión pública o en la contratación con el Estado.

Conclusión

La prohijación de estos dos anteproyectos de ley es un paso importante hacia la transparencia y la lucha anticorrupción en Panamá. Es hora de que los ciudadanos panameños puedan tener acceso a información clara y transparente sobre el uso de los recursos públicos y que los denunciantes de faltas administrativas y corrupción sean protegidos.

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